El acuerdo logrado para renovar el artículo 49 supone, no solo desterrar del texto constitucional una terminología hiriente que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad -un 10 por 100 de la población-, sino que ancla en nuestra Norma fundamental el enfoque derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía.
La primera reforma social de la Constitución, que desde CERMI “confían sea muy pronto un hecho”, obedece a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad, de casi veinte años, que cuenta con un amplísimo consenso social, que ahora por fin está a punto de trasladarse al plano político y normativo.
“Después de una larga espera, es el momento de las personas con discapacidad” han manifestado desde CERMI y han añadido que “esta reforma debe centrarse única y exclusivamente en esta cuestión, de enorme importancia por sí misma, que entendemos como un avance país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España”.
